Varias organizaciones gremiales del sector salud desarrollaron una propuesta que busca garantizar la materialización de la Ley Estatutaria de Salud, dar fin a la intermediación financiera de las EPS y evitar que la corrupción siga desviando los recursos de la salud mejorando el sistema.

 “No es posible resolver el problema de salud de Colombia, si el país no se aboca a un cambio del modelo que desmonte los dos elementos estructurantes que explican la ineficacia del sistema: la intermediación financiera que supone la eliminación de las EPS y la centralización del sistema de salud en el lucro que genera la enfermedad y no en la atención primaria en salud.” Así lo asegura el documento que fue presentado el día de hoy a las candidaturas presidenciales con el propósito de ser incluida en sus planes de gobierno y dar un vuelco al sistema de salud colombiano.

El documento destaca que el Sistema de Salud debe estar fundamentado en la Atención Primaria en Salud, con una cobertura universal que incluya la población urbana y rural y con una organización basada en las redes integrales de servicios de salud. Propone además un ente rector nacional conformado por el Ministerio de Salud y Protección Social,  organizaciones de la sociedad civil y otros entes descentralizados.

De igual manera, esta política pública aboga por  la creación de un "Fondo Financiero Único, con la responsabilidad del recaudo de todos los dineros destinados a la salud, así como el pago de los gastos y recursos que demanden el goce efectivo del derecho a la salud", y por el diseño de un sistema de información único, público, trasparente, disponible en línea.02 Noticias 1 2 201802 Noticias 1 2 2018

La propuesta está avalada, entre otras organizaciones, por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la Federación Médica Colombiana (FMC), el Colegio Médico Colombiano (CMC),  la Asociación Médica Sindical (ASMEDAS), la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) y la Asociación Médica Estudiantil (ACOME), así como por la CUT, CGT, CTC y FECOLMED, junto con la Junta Médica Nacional por el Derecho a la Salud, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), Pacientes de Alto Costo, la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, la Fundación Ifarma y Fedesalud.

A continuación los principales 10 puntos de la propuesta:

  1. Cumplir y hacer cumplir la Ley Estatutaria que reconoce la salud como un derecho fundamental, lo cual implica separar el negocio de la salud de la atención integral, desmontando el fallido modelo de intermediación financiera creado por la Ley 100 de 1993 mediante la normatividad pertinente, revocando todo lo que le sea contrario.
  2. Devolver al Estado la rectoría, dirección y coordinación de la política de salud, con una alta participación de la sociedad civil.
  3. Garantizar atención integral a toda la población residente en el país bajo el principio de equidad, para lo cual se debe organizar bajo criterio epidemiológico el territorio nacional en regiones saludables y restablecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia por las instituciones prestadoras de servicios de carácter público, privado o mixto, dando funciones de dirección y coordinación a los entes territoriales, dotándolas de personal de verdad representativo de la comunidad en sus órganos de dirección y de control.
  4. Impulsar el fortalecimiento prioritario de la red pública de servicios de salud, con énfasis en los hospitales universitarios y docentes como centros y ejes del sistema de referencia y contrarreferencia.
  5. Fortalecer el Fondo Financiero Único, con la responsabilidad del recaudo de todos los dineros destinados a la salud, así como del pago de los gastos que demande el goce efectivo del derecho a la salud. Esto debe garantizar la financiación de los servicios de salud y de los hospitales públicos, incluyendo sus pasivos y la actualización de sus tecnologías e innovaciones y su normal funcionamiento, independiente de la venta de servicios, con subsidio a la oferta en las regiones apartadas y económicamente deprimidas del país.
  6. Modificar la estructura de las juntas directivas de los hospitales públicos dando mayoría a verdaderos representantes de la comunidad con el fin de que dejen de ser el botín politiquero que, en forma inaceptable, hoy son.
  7. Promover la construcción de una clara y decidida política pública de desarrollo y fortalecimiento del talento humano para la salud, que incluya un cambio estructural en la formación, priorizando el desarrollo intelectual, ético y cultural como fundamento de la educación profesional, complementado en las residencias clínicas, con la garantía del reconocimiento de la dignidad, estabilidad de los trabajadores de la salud, incluyendo a los internos y residentes en condiciones laborales justas dignas y socialmente equitativas, lo que se logrará integralmente con las organizaciones gremiales.
  8. Generar los mecanismos para que los entes de vigilancia y control público puedan sancionar y suspender a las entidades públicas y privadas que no cumplan con su función. Para ello aparece indispensable que la Superintendencia Nacional de Salud sea un organismo independiente del Ministerio de Salud, como lo son las demás superintendencias.
  9. Implementar una fuerte y decidida política pública para el control del precio de los medicamentos.
  10. Implementar un sistema integral de información electrónica en las entidades de salud con disponibilidad y acceso por parte de las personas autorizadas, pero siempre garantizando la confidencialidad de la información.

A continuación, el vídeo de  presentación de la propuesta y el documento completo

 

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