Debido a las más de 200.000 tutelas presentadas en 2017 por la negación de los servicios de salud, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, radicaron ante el Congreso de la República un proyecto de ley para sancionar disciplinariamente, castigar con cárcel y con acciones fiscales a las EPS, IPS y en general, a los responsables administrativos de las empresas promotoras de salud que no atiendan a los usuarios del sistema.

 

El proyecto de ley propone penas de prisión entre 4 y 8 años para el que niegue la atención de una urgencia y plantea sanción para los funcionarios encargados de la administración y gestión de los servicios de salud con inhabilidad de mínimo 10 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. 

Esta iniciativa busca frenar el paseo de la muerte y asegurar que los usuarios sean atendidos "vamos a ponerle fin al paseo de la muerte que ha sido la regla fundamental para evadir la obligación que tienen las empresas prestadoras de salud”, expresó el Contralor General en recientes declaraciones públicas.

Finalmente, el Procurador General, Edgardo Maya, señaló que el objetivo de este proyecto es velar por la buena atención de urgencias de los pacientes “buscamos garantizar la salud de los colombianos y poner fin a prácticas características, como la negación, la obstrucción y el retraso en la prestación de los servicios de salud, sobre todo en los servicios que urgen colectivos de especial protección, casos de hemofilia y  enfermedades huérfanas”.

El documento propuesta del proyecto aquí

 

 

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