Este miércoles 06 de mayo fue declarado por el Gobierno Nacional el estado de emergencia social, económica y ecológica, con el fin de poder adoptar las leyes y medidas presupuestales necesarias que garanticen los recursos durante la pandemia. Muchos sectores habían pedido esta nueva declaratoria, entre ellos, la Sociedad Colombiana de Anestesiología que enfáticamente y de manera reiterada ha hecho llamados para que se destinen nuevos recursos para el sistema de salud, en especial para su talento humano.
La nueva declaratoria de emergencia se extiende en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia del Decreto 637 de 2020 emitido el día de ayer. Este nuevo estado de excepción se emite debido a que la situación actual ha llevado a una disminución nunca antes vista del Producto Interno Bruto –PIB–, la necesidad de un mayor gasto público, la disminución de los ingresos de la nación y una altísima incertidumbre sobre los efectos de la pandemia y su contención y mitigación en el comportamiento económico del país.
El Gobierno Nacional también sustentó la ampliación del estado de emergencia en el incremento de la tasa de desempleo que presenta en estos momentos el país, y que genera riesgos de que este fenómeno se agudice con efectos importantes sobre el bienestar de la población y la capacidad productiva de la economía. A la fecha en Colombia se han perdido cerca de 1,6 millones de empleos tan solo en el último mes. Por cuanto se espera que con esta nueva declaratoria, el Gobierno subsidie el equivalente al 40% del salario mínimo de los trabajadores de las empresas cuya facturación haya disminuido en al menos el 20%.
Por su parte, los gremios médicos, entre ellos la S.C.A.R.E., han solicitado al Gobierno que se destinen nuevos recursos dentro del estado de emergencia para la protección del talento humano en salud,teniendo en cuenta que los rubros asignados al Sistema corresponden a presupuestos previos a la crisis sanitaria y no será suficientes para proveer a los profesionales de los elementos de protección personal y garantizar condiciones de trabajo dignas en el pago de sus salarios y de las deudas que aún muchas instituciones sostienen a la fecha con el personal en salud.
Lo anterior, es reflejo en parte de los límites en la asignación salarial que el talento humano en salud ha sufrido, sobre todo en las entidades territoriales donde por ley ningún servidor público de una entidad territorial puede recibir una asignación superior al salario del gobernador o alcalde, por lo que el llamado al Gobierno es a regular el pago al talento humano en salud acorde a las responsabilidades y condiciones que surgen de la prestación de sus servicios propiamente dicha de manera justa y oportuna.
De igual forma, el gremio de los anestesiólogos y el Fepasde en representación de sus más de 60 mil afiliados hacen un llamado para que en el marco de esta emergencia se destine parte de la UPC para que se suplan los gastos asociados con los EPP, así como garantías para el flujo de recursos continuos de las EPS e IPS a fin de que estas asuman los costos laborales y de bioseguridad suficientes, los cuales no debieran depender de la facturación de actividades por parte de las IPS, ya que evidentemente estas han disminuido en respuesta a la priorización de atención de la pandemia por cuenta del COVID-19 y algunos profesionales se están viendo notablemente afectados entre ellos los cirujanos.
Otro tema preocupante para el gremio médico que se debe revisar es la forma de vinculación del talento humano en salud que está atendiendo la emergencia pues, la mayoría son tercerizados o contratados por contrato de prestación de servicios, lo que implica que no tengan garantías y prestaciones que por ley se le debiera otorgar, lo que los hace más vulnerables y sin ninguna protección de entidades públicas.
Finalmente, la S.C.A.R.E. continuará poniendo a disposición del Gobierno Nacional todo su conocimiento técnico, científico y jurídico para que en el marco de la nueva declaratoria de emergencia, se priorice la seguridad y salud de los colombianos y en ese sentido, se emiten decretos y resoluciones que propendan por la protección y el cuidado de todo el talento humano en salud que enfrenta la actual crisis sanitaria.
