Tras 3 meses de decretada la emergencia sanitaria en el país a causa del Covid-19, el personal de la salud que atiende dicha contingencia, aún carece de implementos de protección personal EPP, y trabaja bajo precarias condiciones laborales, así lo mostró encuesta realizada recientemente por la Contraloría General de la República.
El estudio hace parte del programa “Transparencia para la Emergencia”, a través del cual se convocó a 12 mil profesionales de la salud con la intención de determinar las condiciones laborales de los mismos, y el papel de las IPS y las ARL en la entrega de EPP a quienes atienden la emergencia.
Como resultado en la mesa virtual, se logró evidenciar que más del 47% de profesionales encuestados en los 32 departamentos del país, manifestaron que han tenido que adquirir elementos para su autocuidado como: caretas, respiradores N95, guantes, polainas y demás, con sus propios recursos, en relación, los montos destinados oscilan entre los 8mil pesos y el millón de pesos.
Departamentos como Antioquia, Santander, Caldas y el Valle del Cauca encabezan la lista de los territorios con mayor carencia en materia de protección; Como dato adicional, otra de las falencias que dicha encuesta revelo es que, a la fecha, el 92% de los encuestados aseguraron que, no se les ha realizado ninguna prueba para la detención del Covid-19, teniendo en cuenta que, el Ministerio de Salud, el pasado 16 de abril manifestó en un boletín de prensa que, a los profesionales de la salud en contacto con pacientes sospechosos o positivo Covid, se les debía realizar pruebas rápidas de detención una vez por semana, y dicho gasto debía ser costeado por las ARL .
Por otra parte, Luis Carlos Pineda, Director de la Contraloría, en su intervención, afirmó: “La encuesta nos permitió confirmar que, las condiciones laborales del personal de salud en el país no son las mejores”, lo anterior, con base a que, al 45% de los profesionales manifestaron cambios en las condiciones laborales, reflejadas en la reducción de sueldos y horarios, esto, debido a la falta de pacientes, aplazamiento y cancelación de intervenciones quirúrgicas, vacaciones sin programar, suspensión de consultas, entre otros; otra de las conclusiones señalan que, el 43% de los profesionales, se encuentran vinculados por prestación de servicios, provisionales o por tercerización. Adicional, un 22% informó que el pago de honorarios es tardío y en su mayoría adeudan de 1 a 3 meses de salario.
Lo invitamos para amplié la información previamente compartida, revisando el comunicado de prensa N°. 87 de la Contraloría General de la República aquí
