Es obligación del talento humano en salud que brinda atención en los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización contar con certificado de formación en competencias para el manejo integral de víctimas de violencia sexual con el objeto de brindar a las víctimas una atención integral con carácter urgente en un marco de colaboración intersectorial.
Esto obedece a que desde hace algunos años se ha detectado que la violencia sexual es una problemática global de salud pública de proporciones epidémicas[2] según lo indica la OMS en el primer informe mundial sobre este tipo de violencias, situación que en nuestro país se refleja por las cifras que entrega el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (GCRNV) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indicando que en 2018 se realizaron 26.065 exámenes médico legales por presunto delito sexual con una tasa por cada cien mil habitantes de 52,30 y un incremento de 2.267 casos con respecto al año anterior, razones por las cuales se han promulgado una serie de leyes cuya implementación se encuentra en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social con el objetivo de generar una serie de estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual[3] y se expidió el protocolo de atención integral para las víctimas[4].
En cumplimento de estas normas y protocolos se realizan los cursos que incluyen el conocimiento del marco conceptual y normativo para el abordaje integral de las violencias sexuales, la valoración y pruebas diagnósticas y forenses en la atención de las víctimas, las intervenciones clínicas y de salud mental y la activación de los procesos intersectoriales para la atención de esta problemática, siendo obligación del sistema general en salud tanto público como privado y de su talento humano tener conocimiento certificado para brindar un abordaje integral con carácter urgente e integral a las víctimas de esta violencia.
[1] Resolución 2003 de 2014
[3] Ley 1146 de 2007, Ley 1719 de 2014
[4] Resolución 0459 del Ministerio de Salud y Protección Social de 6 de marzo de 2012
