La Corte Constitucional ha emitido una decisión clave que pone en alerta al sistema de salud colombiano, declarando el incumplimiento general en relación con el componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y reconociendo la insuficiencia de la UPC fijada para 2024. Este pronunciamiento se da en el contexto del seguimiento a las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008, que abordan la financiación del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Aquí te contamos los detalles.
El fallo, adoptado por la Sala Especial de Seguimiento, pone en evidencia las deficiencias estructurales que aún persisten en la medición y cálculo de la UPC. El principal señalamiento recae sobre el Ministerio de Salud, al que se le critica por no avanzar en la solución de problemas identificados desde 2016, como lo establece el Auto 411. Entre estos problemas se encuentran la falta de mecanismos para verificar la veracidad de los datos reportados por las EPS, la imprecisión en las estadísticas de uso de los servicios de salud y la deficiencia en la calidad de la información utilizada para calcular la UPC.
A pesar de los esfuerzos presentados por el Ministerio, la Corte concluyó que la UPC de 2024 no es suficiente para garantizar la cobertura y calidad del servicio de salud para los ciudadanos. La Sala consideró necesario revisar la metodología de cálculo y, en particular, incorporar nuevas variables como la siniestralidad, la inflación y otros factores económicos que impactan la sostenibilidad del sistema.
Otro punto clave de la decisión es la equiparación del valor de la UPC entre el régimen contributivo y el subsidiado. A pesar de los fallos previos, desde 2022 ha persistido una diferencia del 13,02% entre las primas de ambos regímenes, lo cual constituye un incumplimiento claro de lo ordenado por la Corte. Esta disparidad podría generar riesgos financieros para las EPS y, por ende, afectar la atención de millones de colombianos.
Ante esta situación, la Corte ha ordenado al Ministerio de Salud conformar una mesa de trabajo con diversos actores del sector salud para revisar y ajustar la UPC de 2024, evaluando el rezago en los valores de la prima desde 2021. Además, se le exige al Ministerio de Hacienda garantizar los recursos necesarios para cumplir con las disposiciones de la Sentencia T-760, asegurando que el sistema de salud reciba la financiación adecuada.
Esta decisión podría marcar el inicio de un proceso de revisión profundo y urgente del sistema de financiación de la salud en Colombia, con la finalidad de garantizar una atención de calidad para toda la población.
