La decisión del gobierno de incrementar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en solo un 5,36% genera preocupación en el sector salud. Instituciones y gremios médicos advierten sobre el impacto negativo en la sostenibilidad del sistema y el acceso a servicios de calidad.

En un comunicado emitido el 6 de enero de 2025, el grupo Acuerdos Fundamentales, en representación de más de 350.000 profesionales de la salud, expresó su inquietud por el bajo aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fijado por el gobierno nacional en un 5,36%. Según el gremio, esta medida no toma en cuenta factores como el perfil epidemiológico y demográfico, el aumento de costos en tecnologías de salud, el incremento del salario mínimo y la expansión de la cobertura.

La situación podría agravar la crisis financiera del Sistema de Salud, afectando especialmente a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), de las cuales ya han cerrado 958 en el último año. Esto implicaría una reducción de servicios, despidos de trabajadores y barreras adicionales para acceder a tratamientos críticos, perjudicando principalmente a adultos mayores, gestantes, pacientes con enfermedades graves y la población más vulnerable.

El grupo ha solicitado al gobierno recalcular el valor de la UPC mediante un estudio técnico independiente y urgió a la Corte Constitucional a adoptar medidas cautelares inmediatas para evitar la vulneración del derecho fundamental a la salud. Representantes de múltiples gremios y asociaciones médicas apoyaron esta petición, destacando la importancia de priorizar la sostenibilidad del sistema y la participación de expertos en la toma de decisiones clave.

Por su parte, la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud (ASSOSALUD) por medio de un derecho de petición exige al Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud), entregar los estudios técnicos y metodológicos que sustentan la motivación para realizar este incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025, ya que lo consideran insuficiente.

A su vez, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas ejerciendo igualmente la acción del derecho de petición ante Minsalud, se suman a este sentir y declaran (denuncian) la no existencia de un debido estudio que sustente dicho incremento, por tanto, exigen se revoque de manera directa esta normatividad, que consideran lesiva, riesgosa e irresponsable.  

Las diferentes agremiaciones de la salud, concuerdan en solicitar al gobierno nacional decretar esta normatividad para el año en curso, contemplando diferentes medidas, entre ellas: se informe detalladamente sobre la metodología empleada para determinar el valor del UPC; se remita copia de los estudios, análisis y documentos técnicos que han sido consultados como fuentes de información e insumo para emitir esta normatividad y por último, solicitan incluir a las diferentes partes interesadas, entre ellas a los actores académicos y expertos en la toma de decisiones  esenciales para el sistema de salud.

De otra parte, exhorta a la Corte Constitucional a adoptar medidas cautelares inmediatas para evitar la vulneración del derecho fundamental a la salud y a ser garantes de espacios de participación en los cuales los múltiples gremios y asociaciones trabajen de manera conjunta, priorizando la sostenibilidad del sistema.

Finalmente se reiteró la necesidad de destinar recursos adecuados para cumplir con las obligaciones legales y constitucionales que garantizan el acceso equitativo y digno a la salud en Colombia.

Para más información consulta aquí el documento oficial emitido por Acuerdos Fundamentales.