Dada la enorme relevancia que reviste para nuestro sistema de salud y para todo el talento humano la radicación en Cámara de Representantes del Proyecto de Ley 339 – 2023 “Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”, la S.C.A.R.E. y el Fepasde han venido realizando seguimiento y asistiendo a los diferentes foros realizados por entes de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación y por Universidades como la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y la Universidad Externado de Colombia, y, además, ha participado activamente en la primera audiencia pública convocada para el análisis del proyecto. En estos escenarios se tuvo en cuenta a todos los actores del sector para poder abrir un espacio que permita analizar en conjunto las implicaciones relacionadas con los cambios estructurales que propone el Gobierno Nacional en materia de salud, así como para exponer las preocupaciones que han surgido como consecuencia de dicho proyecto.
En primer lugar, se evidencia la queja recurrente por parte de la mayoría de asociaciones de pacientes y demás asistentes, en el sentido que la reforma no contó con el principio de participación ciudadana para su elaboración; a diferencia de lo afirmado por el viceministro en diferentes escenarios, en el sentido en que sí se realizaron numerosos encuentros en donde se socializaron estos temas, y que, de todas formas, la ciudadanía votó por un proyecto de Gobierno que incluía dichos cambios, los participantes a los eventos realizados manifestaron que el texto y estructura concreta solo se había podido conocer por documentos filtrados y declaraciones realizadas por la Ministra, pero que no se contó con reuniones en donde se explicara en forma amplia la estructura y reformas planteadas, y se recibieran las opiniones de la ciudadanía y el gremio.
Entre las principales preocupaciones manifestadas se evidenciaron las relacionadas con el desconocimiento de los avances alcanzados por el Sistema hasta este momento (entre los que se destacan la cobertura y la reducción en gastos de bolsillo), así como las alarmantes inconsistencias en el sostenimiento financiero del modelo presentado, toda vez que el presupuesto no se aumentó con base en los gastos que se pretenden realizar y que incluyen cambios en las condiciones laborales del talento humano en salud, creación de nuevos centros de atención y otros factores que requerirían según los asistentes, de varias reformas tributarias para ser cubiertos.
Adicionalmente se manifestó una falta de integración en los niveles de atención del sistema propuesto, lo que puede generar la pérdida de continuidad en la misma y enfocarse únicamente en los servicios brindados dentro de los Centros de Atención Primaria que sea dicho de paso, tardarán en organizarse, generando preocupación respecto de la prestación en el entretanto.
En los foros realizados se reconoció de manera unánime que es cierto que la prestación de salud en el sector urbano y oferta de profesionales, dista ampliamente de la que se brinda en muchas zonas apartadas de Colombia, por lo que se está de acuerdo en fortalecer la prestación en esos lugares, no obstante, se manifestó que no resulta necesario destruir los avances alcanzados en aquellas zonas en donde el sistema funciona bien.
Paralelamente se planteó una enorme preocupación respecto de la capacidad que tendría la Nueva EPS para recibir a millones de colombianos, así como las similitudes que conlleva el planteamiento del Ministerio con la fallida atención realizada por el Seguro Social, lo que implicaría regresividad en la atención, contrariando los principios establecidos por el ordenamiento jurídico y poniendo el derecho a la salud en peligro.
Una de las observaciones más reiteradas consistió en la preocupante incapacidad de la ADRES para gestionar las funciones que quedarán bajo su responsabilidad; se recuerda que hasta este momento dicha administradora funge como pagador y tesorero, y no tiene capacidad administrativa para asumir las nuevas funciones encomendadas; igualmente, se evidencia la dificultad para hacer seguimiento a los recursos en los distintos niveles que plantea el sistema, así como se considera que la estructura presenta grave riesgo de cooptación política. En este punto se agrega la preocupación por la creación de un elevado número de cargos que implicará unos recursos que como se manifestó, no fueron tenidos en cuenta conforme al marco fiscal.
Por otro lado, en los mencionados eventos se discutieron temas jurídicos relacionados con el tipo de ley por el cual debe tramitarse la reforma toda vez que estamos hablando de un derecho que tiene categoría de fundamental; en este sentido se genera discusión en torno a si lo que se está modificando es el núcleo esencial del derecho a la salud, lo que, de ser afirmativo, generaría una discusión por vía de ley estatutaria en Comisión Primera y contaría con revisión previa de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional.
Finalmente se resaltan conclusiones que denotan unión entre los agentes del sector, que reconocen las oportunidades de mejora del sistema entre los que se encuentra el fortalecimiento de la atención primaria en salud, el fortalecimiento de la prestación en zonas apartadas de Colombia, la necesidad de fortalecer los sistemas de información, y se reconoce como un acierto la atención que se pretende dar en el proyecto a los determinantes sociales, entre otros.
Desde la S.C.A.R.E. y el Fepasde continuaremos realizando constante seguimiento y análisis profundo de las implicaciones que esta norma puede llegar a tener para el talento humano en salud y para todo el sistema, y con base en ello, seguiremos trabajando en la consolidación de estrategias ante las instancias que procedan.
