En el marco del programa Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible –PRASS del Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo objetivo es aumentar la realización de pruebas diagnósticas de Covid-19, Minsalud emitió el 28 de agosto la Resolución 1463 de 2020.
Según lo explicó la Dra. María Andrea Godoy viceministra de Protección Social, con este acto administrativo a partir de ahora y de manera definitiva, “el pago de las pruebas PCR, serológicas y antígenos será responsabilidad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME-«; dicho esto, se exonera del pago de las mismas a las IPS por giro directo; no obstante, esto no quiere decir que las EPS no continúen ejerciendo gestión del riesgo y garantizando el reconocimiento de las incapacidades y el seguimiento de aislamiento de sus afiliados con la afección.
En relación, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E como actor del gremio salud presentó observaciones al proyecto de Resolución por medio del cual se definen los criterios y se crea un Comité para la asignación de los recursos aprobados por el FOME para la financiación de proyectos de inversión en infraestructura y/o dotación de equipos biomédicos de hospitales públicos orientados exclusivamente para solventar las necesidades originadas por el Covid-19. Una de las propuestas aborda el artículo 4 que establece los criterios de priorización de proyectos, parágrafo en el cual se sugiere modificar la acotación: criterios de priorización por requisitos para asignación, lo anterior, a raíz de que se considera necesario quede taxativamente señalados los criterios aplicados para la asignación de recursos de este tipo de proyectos y así lograr procesos más transparentes y hacer uso recursos de manera eficaz.
Adicional, en el artículo 6 sobre el comité asesor, se manifiesta la importancia de especificar el delegado del comité y mencionar qué identidad va a representar; también, se hace la invitación a incluir en el acto administrativo a colegios médicos y agremiaciones académico científicas como invitados a dichos comités, pues estas entidades pueden contribuir desde su saber y evidencia científica a qué debe dársele más prioridad o qué equipos deberían financiarse.
Por último, en el artículo 7, está expreso: “La asignación de recursos por parte de este Ministerio, estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal correspondiente”, y sobre esto S.C.A.R.E. manifestó que es incoherente que se sujete a la disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal, pues precisamente las razones por las cuales se declara una emergencia es poder destinar recursos para solventarla. En conclusión, se sugiere eliminar el parágrafo.
Es de destacar que, en la resolución se fija el valor de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico, así como también se establece el mecanismo para su reconocimiento y pago. Dicho esto, las pruebas: Sars cov2 anticuerpos ig G y Sars cov2 anticuerpos ig M tendrán un valor unitario máximo de $60.000, las pruebas moleculares de $216.994 y las pruebas de antígeno $80.832. En el rubro máximo se incluye la toma de la muestra, el transporte a laboratorio, los EPP del THS y demás insumos requeridos para el procedimiento.
Según lo afirma el Ministerio, dicha resolución nace de cara a desacelerar el contagio e interrumpir las cadenas de transmisión, tras una oportuna detención del caso; iniciativa que celebramos como agremiación, no obstante, el objeto y la aplicación de esta medida debe ser muy bien definida, pues el país en estos momentos no solo está demandado atención del COVID 19, sino también atención de otras patologías que se han venido afectando a raíz de la pandemia.
Para conocer a profundidad las observaciones S.C.A.R.E frente a la Resolución, de clic aquí.
