Este martes 19 de marzo, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación emitió comunicado en el cual informó a sus anestesiólogos sobre la decisión de solicitar al Ministerio de Salud, la revocatoria directa o derogatoria de la Resolución 2275 de 2023 y la no expedición del proyecto que pretende ampliar el término para su entrada en vigencia; por ser violatorios de la reglamentación actual y repercutir negativamente en los derechos de los profesionales. Aquí te contamos el análisis realizado.
En primer lugar, la Resolución 2275 de 2023 y el proyecto de resolución vulneran el artículo 15 de la Ley 1966 de 2019, que regula la Factura Electrónica en Salud. Esta ley establece que el Ministerio definirá lineamientos, soportes y términos asociados con la factura electrónica en salud, en coordinación con la DIAN. En la resolución y en el proyecto que amplía el término para su entrada en vigencia, no están definiendo lineamientos, sino que están creando un requisito adicional, lo que vulnera la potestad dada por la ley al Ministerio de Salud.
Por otra parte, dicha resolución establece un plazo de 22 días hábiles para radicar facturas y RIPS aprobados por el mecanismo único de validación del Ministerio. Si este mecanismo no funciona o no funciona a tiempo, los médicos podrían perder la oportunidad de radicar sus facturas, lo que constituiría un agravio injustificado y violación de sus derechos al trabajo y al pago de su remuneración.
Desde la S.C.A.R.E. se resalta que la aplicación de la Resolución 2275 de 2023 no ha entrado en vigencia a la fecha y por lo tanto la facturación debe realizarse conforme a las normas actuales.
“Reiteramos que el Ministerio de Salud debe reconsiderar la expedición de la Resolución 2275 y en consecuencia no expedir ninguna otra norma que amplíe fecha de la entrada en vigencia de la misma, y por lo tanto debe proceder a revocar o derogar la disposición señalada, protegiendo de esta forma la integridad del ordenamiento en el sentido que no se contraríen leyes de la República y protegiendo los derechos de los profesionales, los cuales pueden resultar seriamente perjudicados por la creación de estos requisitos adicionales de validación” agrega el pronunciamiento.
