El Ministerio de Salud publicó un proyecto de decreto que propone una transformación profunda del sistema de salud en Colombia. A través de esta norma se busca implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, que da prioridad a la prevención de enfermedades, el trabajo comunitario en salud y la atención primaria, reorganizando la forma en que se prestan los servicios en el país.
El modelo propone que las entidades territoriales —como departamentos, distritos y municipios— asuman un rol más activo en la organización de los servicios, a través de redes integradas y subregiones funcionales. También se plantea la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), Equipos de Salud Territorial y nuevas formas de asociación entre municipios.
Desde la S.C.A.R.E. se presentaron observaciones a este proyecto, con el objetivo de proteger los derechos del talento humano en salud y mejorar la claridad y viabilidad del modelo propuesto. Estas observaciones se organizaron en tres ejes principales:
- Aseguramiento: Se advirtió que el proyecto introduce modificaciones al diseño legal del aseguramiento en salud —como la articulación de servicios, la gestión del riesgo y la garantía de calidad— que no pueden ser cambiadas por decreto, ya que están definidas en normas de rango legal como las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011.
- Organización territorial: El decreto contempla la conformación obligatoria de asociaciones entre entidades territoriales, cuando la normativa vigente establece que estos esquemas deben ser voluntarios. Adicionalmente, transfiere responsabilidades a municipios y departamentos sin garantizar previamente que cuenten con la capacidad operativa ni los recursos necesarios para asumirlas.
- Financiamiento: El texto no define con claridad cuáles serán las fuentes de recursos para financiar componentes clave del modelo, como los Equipos de Salud Territorial. Por ello, en las observaciones presentadas se advirtió que la norma podría contener un uso de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) contrario a su destinación legal, lo cual debe corregirse para evitar riesgos en la sostenibilidad del sistema de salud.
- Trabajo digno y condiciones laborales justas: Se propuso que el pago oportuno al talento humano y la formalización del personal que realiza funciones misionales sean condiciones obligatorias para que los prestadores puedan habilitarse.
Estas observaciones buscan que el nuevo modelo avance hacia una atención centrada en las personas, con enfoque preventivo y territorial, pero sin comprometer la estabilidad del sistema ni los derechos del talento humano en salud.
