El llamado se hace con el fin de que el Estado garantice recursos para la seguridad de los pacientes y del talento humano en salud frente a la pandemia ocasionada por COVID-19. A través de un comunicado la organización médica solicita al Gobierno Nacional para que se decrete, nuevamente, el estado de emergencia social, económica y ecológica, ante el evidente progreso de la pandemia en el país; y poder tomar decisiones con fuerza de ley que regulen y protejan al talento humano en salud frente a los principales temas que impactan actualmente el ejercicio de la profesión.
La S.C.A.R.E reconoció que -si bien se han decretado un gran número de normas y medidas para la atención de la pandemia, estas resultan insuficientes si no se cuenta con el músculo financiero que los soporte. Los recursos previstos en la Ley de Acuerdo de Punto Final para el sector salud responden a presupuestos previos a la crisis sanitaria actual y por ello serán insuficientes tanto para la entrega oportuna y eficiente de EPP, como para la asignación prioritaria del pago del talento humano en salud, independientemente de su forma de contratación- además afirmó que el pago de las deudas que se tenían con el talento humano en salud, continúa siendo motivo de preocupación ya que para gran parte del personal que atiende directamente la crisis, esos pagos representan su mínimo vital.
La agremiación que representa a más de 60 mil profesionales y ocupaciones de la salud en el país agregó que a pesar de la normativa expedida y los plazos otorgados, continua existiendo ambigüedad en el apoyo que las ARL deben brindar a las IPS en el proceso de garantía de estos elementos. Por lo anterior, considera que la bioseguridad del THS sigue siendo un aspecto crítico no resuelto, que de no solventarse con medidas efectivas agravará la disponibilidad del persona en salud para atender la pandemia y secundariamente la capacidad del sistema frente a la crisis sanitaria.
Finalmente, la S.C.A.R.E manifestó que debe existir la destinación de una parte de la UPC para que se suplan los gastos asociados con los EPP, así como garantías para el flujo de recursos continuos de las EPS a las IPS a fin de que estas asuman los costos laborales y de bioseguridad suficientes, los cuales no deben depender de la facturación de actividades por parte de las IPS ya que evidentemente estas han disminuido en respuesta a la priorización de atención de la pandemia, para lo cual la agremiación médica afirma que una nueva declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, permitirá garantizar un flujo de recursos adecuados y suficientes que solucionen las problemáticas laborales y la ausencia de elementos de bioseguridad del THS, favoreciendo su seguridad y la de los pacientes.
Para consultar el comunicado completo haga clic aquí.
