En un reciente comunicado diferentes organizaciones de pacientes, profesionales de la salud, usuarios, sociedades científicas y demás actores del sector han hecho un llamado para que se garantice el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025, relacionado con el seguimiento riguroso de la sentencia que ordenó al Estado tomar medidas concretas para asegurar la suficiencia de los recursos destinados a la salud de los colombianos. Aquí te contamos los detalles.
La Corte, en su decisión más reciente, reafirmó su competencia para supervisar el cumplimiento de esta sentencia, fundamentando su resolución en pruebas y análisis técnicos que evidencian un grave desfinanciamiento del sistema de salud. Esta crisis financiera, que afecta la atención sanitaria en Colombia, tiene entre sus principales causas la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un problema que, desde 2022, ha sido reiteradamente señalado por diversos sectores, incluidos gremios, académicos, sociedades científicas, EPS y asociaciones de pacientes.
Los efectos de esta crisis no solo son económicos, sino que afectan directamente la calidad de la atención a miles de colombianos, especialmente a aquellos que padecen enfermedades crónicas y de alto costo. De no atenderse adecuadamente, esta situación podría representar un grave retroceso en la protección del derecho fundamental a la salud, afirman las organizaciones del sector.
Por lo anterior, diferentes actores del sector salud insisten en la urgencia de que se cumplan las órdenes emitidas en el Auto 007 de 2025, las cuales buscan asegurar la estabilidad y sostenibilidad del sistema de salud, garantizando un acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud requeridos por los ciudadanos. En este sentido, también se hace un llamado al Ministerio de Salud para que, en lugar de recurrir a la nulidad de decisiones judiciales, se enfoque en adoptar estrategias efectivas que fortalezcan el sistema de salud y promuevan una colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado.
En definitiva, la implementación efectiva de las medidas que garanticen la suficiencia financiera del sistema de salud no solo es una obligación legal, sino una necesidad urgente para proteger el derecho fundamental a la salud en Colombia.
