Fecha: enero 16, 2019
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Supersalud deberá pagar 85 mil millones a IPS que le adeudan plata

El Tribunal Superior de Barranquilla ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud pagar 85.000 millones de pesos a 36 instituciones prestadoras de salud IPS liquidadas entre 2014 y 2016, de varias ciudades del país, que prestaron sus servicios y estuvieron afectadas por el no pago de cuatro EPS sancionadas por la Supersalud.

La cantidad que deberá pagar la Supersalud, corresponde a todo el prepuesto de la entidad y se relaciona a cuentas por pagar de las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir, empresas que fueron liquidadas por la Superintendencia, al encontrarse irregularidades en el cumplimento de la prestación del servicio de salud.

De acuerdo con la notificación del Tribunal Superior de Barranquilla, la entidad deberá pagar dicha suma de dinero debido a que era la responsable de vigilar a las mencionadas EPS, además, por haber autorizado su liquidación sin reconocer las deudas que tenía con las 36 IPS de varias ciudades del país, así lo ratifica la sentencia “la Supersalud es la entidad garante de la prestación de los servicios de salud y como tal debe responder con el dinero del sistema por los incumplimientos de las obligaciones financieras que contrajeron las EPS con las IPS”.

De acuerdo con la Supersalud, esta decisión los toma por sorpresa y menciona que se pone en riesgo la sostenibilidad de la entidad, así lo manifestó el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, en entrevista con Blu Radio “Hicimos todas las apelaciones. Interpusimos las demandas. Inclusive hicimos unas acciones penales que no tuvieron efecto, le pedimos intervención a la Procuraduría y a la Fiscalía. El precedente que se crea es terrible porque va a ser más peligroso actuar que no actuar (…) Tendríamos que liquidar la entidad si esto toma ese curso”.

En ejercicio de apelar la decisión, la Supersalud instauró una tutela en la que se alega violación del derecho al debido proceso y analiza junto con la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado, las vías jurídicas para reversar el fallo.

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