En este tipo de proceso el demandante solicita que el Juez mediante una sentencia obligue al demandado a pagar una indemnización de carácter económico a causa de un supuesto daño que le fue causado. La diferencia con el proceso civil es que la parte demandante o demandada es una entidad de carácter público.
En esta fase se da respuesta a la demanda presentada y se plantea la estrategia de defensa por parte del abogado asignado para su caso con apoyo del equipo jurídico y científico de la S.C.A.R.E.
En esta etapa es esencial su colaboración para la planeación
de la defensa en cuanto a los hechos y pruebas a solicitar.
Esta fase tiene como objetivo que se practiquen todos los medios de prueba solicitados y aportados por ambas partes y que fueron decretados por el Juez. Es una etapa crucial puesto que las pruebas permiten que las partes demuestren sus argumentos.
El juez director del proceso conforme a las pruebas practicadas, los argumentos de las partes y su propio criterio jurídico emite una sentencia donde decide si existe o no responsabilidad a su cargo.
La sentencia de segunda instancia es la decisión que se profiere como resultado del recurso de apelación interpuesto por alguna de las partes del proceso en contra de la sentencia de primera instancia. Su conocimiento corresponde a una autoridad judicial de mayor jerarquía para que revise la sentencia de primera instancia y determine si la revoca, modifica o la confirma.
La parte vencida mediante sentencia de segunda instancia puede interponer este recurso ante el Consejo de Estado por considerar que la decisión es contraria y/o se opone a lo decidido en casos similares por parte del mismo Consejo de Estado.
